El Gobierno aprueba dos ofertas de empleo público de la Administración General del año 2025 con 556 plazas

• En los decretos se recoge que 242 son para personal funcionario de carrera, mientras que 314 son para personal laboral fijo

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justica y Seguridad, Nieves Lady Barreto, dos ofertas de empleo público (OPE) para la Administración General de la Comunidad Autónoma con un total de 556 plazas correspondientes al año 2025. De ellas, 242 plazas son para personal funcionario de carrera y 314 para personal laboral fijo por acceso libre.

De las plazas ofertadas para funcionarios contempladas en el decreto, 169 plazas corresponden a las convocatorias para el ingreso en el empleo público, por el sistema general de acceso libre, a los Cuerpos, Escalas y Especialidades, y en su caso agrupaciones profesionales, de personal funcionario de carrera.

La distribución es la siguiente: administradores generales (16); administradores generales especialidad jurídica (4), administradores financieros y tributarios (6); estadísticos superiores (5); ingenieros industriales (1); ingenieros de montes (1); telecomunicaciones (3); técnicos de prevención (1); letrados (1); medicina administración sanitaria (16); veterinaria agricultura (1); veterinaria administración sanitaria (2); veterinaria asistencial (3); tecnologías de la información (3); inspectores médicos (4); administración y gestión del buque (1); gestión general (7); gestión financiera y tributaria (6); archiveros ayudantes (2); bibliotecarios ayudante (1); arquitectos técnicos (2); ingeniero técnico agrícola (6); ingenieros técnicos forestales (2); ingenieros técnicos industriales (1); tecnología de la información (1); técnicos de prevención (1); trabajador social (4); electricidad y automatismos (1); maniobra y navegación (3); administrativo (13); auxiliares de informática (3); auxiliar de biblioteca, archivos y centros de documentación (6); auxiliares (34) y subalternos (8).

Por otra parte, 73 plazas, que representan el 30% del total de la oferta, se corresponderán a las convocatorias para el ingreso en el empleo público, mediante promoción interna horizontal y vertical, a los Cuerpos, Escalas y Especialidades, y en su caso agrupaciones profesionales, de personal funcionario de carrera, con la distribución que figura en el Anexo II del decreto.

En el ámbito de la promoción interna contenida en esta Oferta de Empleo Público se reservan 19 de las plazas totales ofertadas al Cuerpo Administrativo.

Además, se reservan 25 plazas para personas con discapacidad, que representa un 10% del total de plazas ofertadas, de las cuales, 4 plazas se reservan a favor de personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, y 21 plazas se reservan a personas con discapacidad de otro tipo.

Personal laboral fijo

El Consejo ha aprobado también la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias de personal laboral fijo para el año 2025, que comprende un total de 314 plazas, para su provisión mediante acceso libre.

Los puestos se distribuyen de la siguiente forma, en función de la denominación: educador/educadora (15); educador/educadora infantil (20); auxiliar de autopsias (3); técnico especialista (2); cocinero/cocinera (48); cuidador/cuidadora (29); mantenimiento-guarda (23); auxiliar de laboratorio (1); auxiliar de servicios complementarios (75); analista II (9); ayudante de cocina (29); camarera-limpiadora (28); marinero (2); servicio doméstico (14); limpiadora (7), peón agrario/peona agraria (9).

Del total de plazas ofertadas, se reservan un total del 10%, equivalente a 32 plazas, para personas con discapacidad igual o superior al 33%, de las cuales, el 2%, esto es un total de 6 plazas se reservan a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite, aplicada al Grupo V, y el resto, esto es, un 8%, que representa un total de 26 plazas, al resto de tipos de discapacidades.

Ambos decretos se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias donde podrá consultarse el contenido con sus anexos.

El Ejecutivo impulsa un convenio que permitirá construir 126 viviendas públicas en Gran Canaria

• La iniciativa, puesta en marcha entre el ICAVI y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, moviliza 29,5 millones de euros para cinco promociones en Gáldar, Santa Lucía de Tirajana y Santa María de Guía

• Esta dación de cuenta coincide con la entrega este lunes de las llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social en Ingenio

• Todas las iniciativas en materia de vivienda corresponden a una estrategia 360º que contempla diferentes impulsos normativos que buscan un cambio estructural que permita avanzar de manera sostenida en el ámbito de la vivienda

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha dado cuenta, durante la sesión del Consejo de Gobierno celebrada esta mañana, del convenio suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria para la construcción de 126 viviendas públicas de alquiler asequible en los municipios de Gáldar, Santa lucía de Tirajana y Santa María de Guía.

El acuerdo permitirá activar una inversión total de 29.269.779,14 euros. Las actuaciones se integran en el Programa de Construcción de Vivienda de Alquiler Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation EU.

Del total de la inversión, 14.220.303,14 euros, el 48,59%, será aportado por el Instituto Canario de la Vivienda; 5.049.476 euros, el 17,25%, corresponde a fondos PRTR del Gobierno de España y, 10 millones de euros, el 34,17%, procede del Consorcio.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa desarrollando su estrategia de ampliación del parque público de vivienda en coordinación con los cabildos y ayuntamientos.

Una estrategia 360º en materia de vivienda

El consejero ha recordado durante la sesión los avances históricos logrados en política de vivienda en los dos últimos años, con más de 2.000 viviendas públicas en distintos procesos de construcción a través del ICAVI y VISOCAN y una inversión superior a los 300 millones de euros, la mayor de la historia del Archipiélago.

Este impulso ha permitido romper una década de parálisis en la construcción y entrega de viviendas en islas como Tenerife y Gran Canaria, y se consolida en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que destinan más de 200 millones de euros a políticas de vivienda.

Entre las principales medidas puestas en marcha destacan el refuerzo de las ayudas al alquiler, el Bono Alquiler Joven —que beneficiará a cerca de 4.000 jóvenes—, las nuevas ayudas a la adquisición de vivienda, la futura Hipoteca Joven, una profunda simplificación administrativa a través de dos decretos leyes ya aprobados y la puesta en marcha de instrumentos pioneros como la Vivienda Asequible Incentivada, con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente a jóvenes y familias con mayores dificultades.

En definitiva, estas iniciativas son fruto de una estrategia 360º, que contempla diferentes impulsos normativos para reducir los trabajos y acelerar procesos, que han permitido reactivar la construcción de vivienda pública con cifras inéditas en los últimos años y movilizar promociones paralizadas desde hace una década. Este esfuerzo, según ha recalcado el consejero, también ha buscado generar un cambio estructural que permita avanzar de manera sostenida en el ámbito de la vivienda, dejando atrás el inmovilismo normativo que había limitado el desarrollo en los últimos años.

Entrega de ocho viviendas en Ingenio

Esta dación de cuenta que se realiza hoy coincide con la entrega de viviendas este lunes de las llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social, ubicadas en El Sequero, en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria.

Estas viviendas se suman al conjunto de actuaciones ya culminadas en distintos municipios de Gran Canaria, reforzando el compromiso del Ejecutivo canario para seguir impulsando nuevas promociones y ampliando el parque público de vivienda en el Archipiélago.

Estas nuevas adjudicaciones se suman a otras tres promociones que suman 75 viviendas en Ingenio, así como a ocho viviendas entregadas en Santa Lucía de Tirajana y a 26 en Agaete.

El Gobierno evita el bloqueo de las modificaciones del planeamiento permitiendo la prórroga de los informes ambientales

• El Consejo aprueba un decreto que cambia dos puntos de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales para impedir que la caducidad de los informes ambientales provoque la paralización de procedimientos
• El texto legislativo también establece una modificación de la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias con el objetivo de ampliar el plazo para que éstas puedan adaptar sus estatutos a esta norma

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes un decreto impulsado por las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y la de Turismo y Empleo del Ejecutivo autonómico. El objetivo es, por un lado, modificar puntualmente la Ley del Suelo para dar la posibilidad de prorrogar la vigencia de los informes ambientales. Esta posibilidad evitará a ayuntamientos, cabildos y al propio Gobierno que la pérdida de vigencia de los informes ambientales bloquee la tramitación de modificaciones del planeamiento y de planes generales. Por otro lado, se modifica la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias para ampliar el plazo a estas entidades a adaptar sus estatutos a esta normativa autonómica.

Respecto a la modificación de la Ley del Suelo, cabe destacar que las tramitaciones tanto de nuevos planes generales como de modificaciones menores de los ya existentes requieren de informe ambiental para ser aprobado. La ardua tramitación de este tipo de expedientes, que requieren de informes emitidos por diferentes administraciones, se puede dilatar en el tiempo provocando que los informes ambientales pierdan la vigencia temporal que tienen reconocida por Ley.

Esta situación provoca que se deba reiniciar el procedimiento, afectando a su seguridad jurídica y al uso eficiente de los recursos humanos y económicos en la administración. Para evitar este bloqueo, el decreto aprobado propone dos modificaciones puntuales de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.

Por un lado, la incorporación de un nuevo apartado al artículo 86 de este texto con el objetivo de permitir la prórroga durante dos años de la vigencia de los informes ambientales estratégicos. Estos documentos, que actualmente son improrrogables, forman parte de las modificaciones menores del planeamiento que impulsan ayuntamientos, cabildos y el propio Gobierno de Canarias. A petición de cualquiera de estas administraciones, se podrá ampliar la vigencia de estos informes para no bloquear la tramitación del expediente en su totalidad si se cumple la fecha límite. Esta medida ha sido ya adoptada en otras comunidades autónomas con el mismo objetivo.

Por otro lado, se incorpora un nuevo apartado en la disposición transitoria séptima, para ampliar doce meses la caducidad de las memorias ambientales ya aprobadas e incluidas en la tramitación de planes generales. La condición que establece esta segunda medida es que la tramitación del documento haya superado ya el trámite de exposición pública.

En ambos casos se pretende dar viabilidad y seguridad jurídica a los expedientes para que la pérdida de vigencia de los procedimientos ambientales no provoque la suspensión del procedimiento.

Ley de Sociedades Cooperativas

Respecto a la segunda de las modificaciones introducidas por este decreto, tiene como finalidad ampliar el plazo previsto para que las sociedades cooperativas de Canarias adapten sus estatutos a la Ley 4/2022. Con esta reforma, el límite inicialmente fijado para el 10 de enero de 2026 se extiende hasta el 10 de enero de 2027, otorgando a las cooperativas un margen adicional para culminar este proceso de adecuación normativa con las debidas garantías. De este modo, se favorece a las cooperativas y a la economía social, un sector prioritario para la Consejería de Turismo y Empleo.

Bienestar Social destina 302.000 euros a infraestructuras sociosanitarias en La Palma

• El Gobierno de Canarias ha aprobado el incremento de la inversión en el marco del convenio para la construcción y reformas de plazas sociosanitarias

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha elevado a Consejo de Gobierno la ampliación de crédito destinado a la financiar la ejecución de plazas de nueva construcción y reforma de las existentes en materia de infraestructura sociosanitaria en la isla de La Palma, por un importe 302.305,26 euros.

Esta ampliación se lleva a cabo en virtud de la Resolución definitiva de la Dirección General de Dependencia, relativa a la justificación del Convenio de Cooperación suscrito entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma para cofinanciar la construcción de infraestructuras y reformas de las ya existentes destinadas a la creación de nuevas plazas sociosanitarias, correspondiente a las anualidades 2023 y 2024, por la que, se destina el importe de 302.305,26 euros.

El Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma mantienen un acuerdo desde hace años para garantizar que las infraestructuras que prestan atención a personas mayores y dependientes están en las mejores condiciones posibles. Dentro de ese acuerdo, se han llevado a cabo distintas actuaciones para mejorar los centros sociosanitarios de La Palma y se ha avanzado en la redacción de proyectos de futuras infraestructuras que permitirán ampliar la respuesta a la demanda de plazas residenciales y diurnas que existe en la isla.