La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, valora la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas, aprobada en el Consejo de Ministros de ayer, si bien lamenta que se anuncie con seis meses de retraso.

El Estado garantiza el principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. En este contexto, el Sistema de Financiación Autonómico se erige como uno de los instrumentos para garantizar ese principio y que todos los españoles disfruten de los mismos servicios públicos, independientemente de su lugar de residencia.

La actualización de las entregas a cuenta es una medida reiteradamente solicitada por todas las comunidades autónomas de régimen común desde el anuncio de una nueva prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. Sin embargo, el Gobierno de España ha retenido la recaudación que correspondía por ley a las comunidades autónomas y corporaciones locales durante seis meses sin justificación, puesto que se trata dinero que ya está recaudado a través de impuestos cedidos y que se había podido transferir a sus legítimos dueños mucho antes.

Es incompresible la poca consideración que ha tenido el Ministerio con las comunidades autónomas y corporaciones locales en una situación de doble prórroga presupuestaria, a sabiendas de la importancia de las entregas a cuenta en el cómputo global de los presupuestos autonómicos y municipales. Este dinero resulta fundamental para el mantenimiento de los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, bienestar social o vivienda, y el retraso genera distorsiones en la tesorería de estas instituciones.

De hecho, el año pasado las entregas a cuenta se actualizaron en julio y no se empezaron a pagar hasta septiembre, con el gran prejuicio que eso supuso, por lo que la consejera de Hacienda espera que esta ocasión se tramiten con mayor celeridad.

Además, en todo este tiempo que se ha bloqueado la actualización, el Estado ha disfrutado de unos ingresos que correspondían a las comunidades autónomas y corporaciones locales, consiguiendo una rentabilidad financiera que solamente ha beneficiado al Estado, y que ha complicado la gestión de las instituciones autonómicas y municipales.

Respecto a las cifras, la comunidad autónoma no ha recibido todavía comunicación oficial de la actualización de las entregas a cuenta. En el acuerdo del Consejo de Ministros tampoco se recogen cifras desglosadas.