El portavoz nacionalista en el Senado critica que el Gobierno estatal evite responder a las obligaciones de asilo ordenadas por el Tribunal Supremo

“Es indignante que el Gobierno de España siga poniendo excusas para no atender la urgencia humanitaria de la crisis migratoria”, afirma San Ginés

Coalición Canaria ha reclamado hoy, miércoles, que el Gobierno de España “deje de esconder su responsabilidad y dé la cara” para responder a las exigencias planteadas por el Tribunal Supremo para que el Estado atienda a los menores extranjeros no acompañados que ahora están en Canarias y que podrían tener derecho a la petición de asilo en España. En este sentido, el portavoz nacionalista en el Senado, Pedro San Ginés, ha criticado la retirada por parte del Gobierno de España de una pregunta parlamentaria en el pleno del Senado. “Es indignante que, a última hora, el Gobierno de España opte por seguir dilatando dar la respuesta que Canarias necesita para atender a estos 1.008 menores que siguen estancados en las islas”, señaló el senador.

La pregunta parlamentaria de Pedro San Ginés estaba dirigida al Gobierno de España para conocer cómo se actuará desde la administración estatal tras la obligación de atención a los menores susceptibles de pedir asilo por parte del Tribunal Supremo. No obstante, a media mañana del martes se comunicó la retirada de la pregunta del orden del día del pleno del Senado por parte del secretario de Estado con las Cortes. “Volvemos a chocar con la maniobra del Gobierno de España para no rendir cuentas en las Cortes sobre el trato y el destino para el millar de menores extranjeros que pueden pedir asilo, después de llegar a las islas”, señaló San Ginés, “porque no es cierto que este sea un tema sujeto a negociación, al contrario, ya existe un mandato, una obligación emitida por el Tribunal Supremo para que el Estado atienda estos casos susceptibles de protección internacional con la figura del asilado”.

En este contexto, el senador de Coalición Canaria apuntó a la cercanía de la vista en el Tribunal Supremo sobre este asunto, prevista para mañana, jueves, como “un nuevo motivo oportunista” del Gobierno de España para no responder a su pregunta en el pleno del Senado. “En esa vista, el Gobierno debe precisar qué acciones ha emprendido o va a emprender para asumir a más de mil niños solicitantes de asilo”, abundó San Ginés, “y el Gobierno está obligado a integrar a estos menores en el sistema nacional de acogida de protección internacional, como también sabe bien el Gobierno que la medida cautelar ya le fue impuesta el 25 de marzo y solo tenía 10 días de plazo”.

En este contexto, San Ginés ha recordado que “Canarias ha liderado durante dieciocho meses una modificación legislativa que costó dios y ayuda por las batallitas partidarias de unos y otros para que al final se aprobara lo que propusimos desde un principio y que nos decían era imposible, un decreto-ley, pero los menores siguen en Canarias”. “Y ahora hemos demandado hasta en tres ocasiones ante el Supremo al Gobierno de España y, de momento, nos dado la razón en dos porque no puede ser que la respuesta del Gobierno de España al Supremo sea que tiene sus recursos saturados”, señaló el senador.

“La primera reacción del Gobierno fue que esa disposición del Supremo ya estaba superada por los efectos prácticos del decreto de distribución de los 4.000 niños de las islas al resto de comunidades, pero lo hace obviando, a sabiendas, que la resolución se refiere estrictamente a menores que pueden pedir asilo”, recordó San Ginés. “Luego, el siguiente pretexto para no cumplir el auto del Tribunal Supremo fue escudarse en que el sistema de protección internacional del Ministerio sólo está preparado para adultos y que no está concebido para acoger menores y que, además, está saturado al 96% de su capacidad”, precisó el senador nacionalista al preguntarse si “la respuesta del Gobierno es seria”. “¿De qué capacidad está hablando todo un Gobierno de España para no cumplir con su obligación? Porque si el Estado está al 96%, Canaria está ya al 800% y si nosotros, que teníamos una red para 1.500 niños, hemos atendido a 6.000 menores que continúan en las islas y hemos podido abrir hasta 86 recursos nuevos, el Estado con muchos más medios y recursos también puede hacerlo y, además, es su obligación legal”.