Coalición Canaria advierte del riesgo de inseguridad jurídica para miles de personas ante el cese de las concesiones de residencias temporales por razones humanitarias a quienes provengan de Venezuela

Valido recuerda que la eliminación de este mecanismo tiene especial repercusión en Canarias, con una importante presencia de ciudadanos venezolanos que quedarían en un “limbo” jurídico

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha registrado una pregunta escrita dirigida al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la que solicita explicaciones sobre las medidas que prevé adoptar el Gobierno ante el fin, el próximo 30 de junio de 2026, de la concesión de autorizaciones de residencia por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos.

Valido recuerda que este mecanismo, en vigor desde 2018, ha permitido regularizar la situación de más de 200.000 personas en España, y advierte de que su eliminación supone un cambio relevante en la política migratoria cuyas consecuencias pueden ser especialmente graves en territorios como Canarias.

En este sentido, la diputada señala que diversas asociaciones y colectivos han alertado de que miles de ciudadanos venezolanos podrían quedar en una situación de inseguridad jurídica o desprotección administrativa. Además, subraya que la medida coincide con el proceso de regularización extraordinaria actualmente en marcha, cuyo plazo también finaliza el 30 de junio de 2026, lo que puede generar un solapamiento que obligue a muchas personas a reiniciar sus trámites por vías más restrictivas.

Asimismo, Valido advierte del impacto que este cambio puede tener sobre unas oficinas de extranjería que ya soportan un elevado volumen de expedientes, con riesgo de colapso administrativo. A ello se suma, según trasladan las entidades sociales, un aumento de la demanda de atención a personas en situación de vulnerabilidad sin que existan, por el momento, recursos suficientes para afrontarlo.

Por todo ello, la diputada de Coalición Canaria plantea en su pregunta parlamentaria si el Gobierno tiene previsto adoptar medidas transitorias o específicas que garanticen la seguridad jurídica de los ciudadanos venezolanos afectados y eviten que quienes ya tienen procedimientos iniciados queden en un “limbo” jurídico y administrativo, prestando especial atención a territorios con mayor presión como Canarias.