El Consejo de Gobierno aprueba las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2026

• Las cuentas autonómicas para el próximo año persiguen la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, con prioridad en la mejora del sistema de bienestar

• El presupuesto autonómico de 2026 da respuesta a los retos asociados a la mejora del modelo económico de la región, de modo que genere un mayor valor añadido y empleo estable y de calidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el acuerdo por el que se establecen las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026.

Estas directrices regirán el proceso de elaboración de los presupuestos para cada departamento de la administración pública de la Comunidad Autónoma y todos sus entes públicos, desde la perspectiva de los gastos estructurales y compromisos ciertos. A partir de ahí, será el Gobierno quien, en uso de sus prioridades en el orden político, defina la distribución de aquellos recursos disponibles entre las políticas sectoriales que estime necesario dotar e incrementar.

La Comunidad Autónoma de Canarias afronta la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales para el ejercicio 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre propiciada por el contexto político a nivel nacional y por las tensiones geopolíticas en el ámbito internacional. En este sentido, la prórroga por parte del Gobierno de España de los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, al igual que en el ejercicio anterior, añade incógnitas al proceso de elaboración del presupuesto autonómico.

En cuanto a las magnitudes, el Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 contempla para 2025 un déficit público del conjunto de las administraciones públicas del 2,7% del PIB y el descenso de la ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB. Asimismo, se incluye una proyección de la capacidad o necesidad de financiación de los distintos niveles de la administración pública.

Para la regla de gasto, la última referencia disponible tiene en cuenta la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el período 2025-2027 establecida en el Informe de Situación de la Economía Española de 2024, que se sitúa en el 3,2% para el ejercicio 2025 y en el 3,3% para el ejercicio 2026.

En este contexto, la elaboración del Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias supone una muestra de solidez institucional, que se basa, inicialmente, en el marco presupuestario definido por el plan presupuestario a medio plazo aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 14 de abril, y que deberá adaptarse al conjunto de instrumentos de estabilidad presupuestaria a aplicar en el ejercicio o si se dispone de una mayor concreción de la aplicación de las reglas fiscales.

Las cuentas autonómicas para el ejercicio 2026 perseguirán la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, priorizando la mejora del sistema de bienestar, en especial en el ámbito de la sanidad, los servicios sociales, la educación y el acceso a la vivienda, que constituyen la clave del presupuesto.

El presupuesto autonómico para el ejercicio 2026, también pretende dar respuesta a los retos asociados a la mejora del modelo económico de la región, de modo que genere un mayor valor añadido y empleo de calidad y estable. Asimismo, debe atender a cuestiones estratégicas en materia de energía, transformación digital o medio ambiente.

En 2026 será necesario impulsar el despliegue de los fondos europeos del marco financiero plurianual 2021-2027, que constituyen una prioridad dentro del presupuesto autonómico, para que estos fondos contribuyan al crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad empresarial, la transformación digital, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. En 2026 también finaliza el marco temporal establecido por la Unión Europea para los proyectos financiados con cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), lo que hace indispensable priorizar su ejecución.

Objetivos del Gobierno

Los objetivos generales del Gobierno para la presente legislatura 2023-2027, se basan en ocho ejes que establecen las bases del proyecto de Canarias a medio y largo plazo: mejora del estado del bienestar social con incidencia en sanidad, servicios sociales y acceso a la vivienda; fijar la Educación como base para el progreso personal y de la sociedad, del desarrollo económico y de la generación de empleo; potenciar el REF para incentivar la economía y crear empleo; aplicar una política tributaria justa; priorizar la sostenibilidad y la planificación en la política territorial y energética; fijar las políticas de igualdad; prestar especial importancia a cuestiones estratégicas como el transporte, telecomunicaciones, mercado interior; fomentar la modernización de la administración pública e impulsar la evaluación de las políticas públicas.

El Gobierno da luz verde al Decreto que regula el nuevo repertorio de oficios artesanos de Canarias

• El texto también reglamenta los contenidos de las pruebas para acceder a la condición de artesano y regula las normas que rigen las ferias de artesanía de ámbito regional

• La nueva norma incluye tareas como el pirograbado, relojería, cestería y la elaboración de mosaicos, pipas, redes, escobas o zurrones, entre otros

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado definitivamente tras la consulta del Consejo Consultivo, el proyecto de Decreto por el que se acuerda el repertorio de los oficios artesanos, los contenidos de las pruebas para acceder a la condición de artesano y se regulan las normas que rigen las ferias de artesanía de ámbito regional. El texto es resultado de un profundo trabajo de consenso de la Comisión Canaria de Artesanía.

Con esta nueva regulación, el Gobierno pretende dar respuesta a las demandas del sector artesano para que se modifique y amplíe el número de oficios y técnicas artesanas con el objeto de ajustarlo a la evolución del sector, y que éste pueda beneficiarse en mayor medida de las acciones de fomento de la artesanía que ejecutan las Administraciones Públicas. En este sentido, se incluyen en el repertorio los oficios de pirograbado, relojería, elaboración de utensilios tradicionales (redes, pipas, escobas, zurrones...), camisería graciosera, elaboración de mosaicos y de mosaicos hidráulicos, cestería y tejer a dos aguas. Además, se agrupan los carnés por oficios y se actualizan algunas técnicas como la microfusión en la tarea de decoración de cristal. En total, el repertorio de oficios artesanos se superaría los 90.

Asimismo, a petición de las administraciones competentes, sobre todo de los cabildos insulares, a los que les compete los procedimientos y pruebas para la obtención de los carnés de personas artesanas, se han revisado las pruebas de acceso a determinados oficios con los siguientes objetivos: aumentar la seguridad jurídica para todos los agentes implicados en dichos procedimientos, ajustar mejor las pruebas a la definición del oficio, y que quede mejor acreditado el dominio de las técnicas artesanas y la calidad en la producción por parte de los aspirantes.

En cuanto a la regulación del procedimiento de selección y de las condiciones de participación de las personas artesanas en las ferias de artesanía de ámbito regional, se fija un marco regulador de carácter reglamentario, para dar un soporte jurídico adecuado a la tramitación electrónica, a la interoperabilidad y a la cooperación interadministrativa, para que redunde en una menor carga administrativa y una mayor seguridad jurídica para la persona artesana que desee concurrir.

El Gobierno aprueba una inversión de 350.000 euros para el proyecto Barrios Orquestados

• La financiación permitirá sostener la actividad de esta iniciativa educativa y musical que impulsa la inclusión social a través de la cultura en entornos con dificultades

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, una inversión por valor de 350.000 euros destinada al desarrollo del proyecto Barrios Orquestados. Esta aportación económica permitirá seguir impulsando una iniciativa que utiliza la educación musical como herramienta de transformación social, especialmente en entornos con mayores índices de vulnerabilidad.

La medida permitirá sostener la actividad de un programa que desde hace años se ha consolidado como una herramienta transformadora en aquellas comunidades donde actúa. A través de la música y el trabajo colectivo, Barrios Orquestados contribuye a mejorar la autoestima del alumnado, promover la convivencia y estrechar los vínculos entre familias, escuelas y entorno.

La iniciativa de Barrios Orquestados, desarrollada por la Asociación Cultural Orquesta Clásica Bela Bartók, trabaja en zonas de exclusión social utilizando el lenguaje universal de la música como vía de inclusión y desarrollo personal. El proyecto enseña a tocar un instrumento y, al mismo tiempo, favorece la construcción de comunidades, construyendo referentes positivos a través de la música y ofreciendo nuevas oportunidades a menores que, de otro modo, tendrían un acceso muy limitado a la formación artística.

Esta decisión del Gobierno de Canarias responde al compromiso del área dirigida por Poli Suárez con la promoción de políticas educativas y culturales inclusivas en proyectos que, como el de Barrios Orquestados, demuestran que el arte puede ser una herramienta de igualdad y justicia social. En un contexto de incertidumbre económica, el respaldo institucional a este tipo de iniciativas cobra aún mayor relevancia, al garantizar que la cultura llegue también a quienes más la necesitan.

Sobre este particular, Suárez calificó la labor de Barrios Orquestados como “un orgullo no solo para toda la ciudadanía, sino un ejemplo para todas las instituciones” por lo que “desde que en el Gobierno de Canarias supimos de su situación, mostramos nuestra firme voluntad de ayudarles”. “Hoy, finalmente, aprobamos la financiación extraordinaria con la que cumplimos con ese compromiso adquirido”, agregó.

Con esta inversión, el Gobierno autonómico refuerza su compromiso con una educación accesible para toda la juventud, independientemente de su contexto socioeconómico, además de reconocer la importancia y la necesidad de proyectos que mejoren la vida de muchas personas a través de acciones cercanas como, en este caso, aprender a tocar un instrumento, compartir en grupo y crecer en comunidad.

El Gobierno aprueba la legalización de una explotación ganadera en Fuerteventura con más 500 cabezas de caprino

• El acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno autoriza a la actividad y las edificaciones e instalaciones de la finca en el marco de un plan de regularizaciones impulsado desde la Dirección General de Ganadería

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 23 de junio, la legalización territorial de una explotación ganadera en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, dedicada principalmente a la producción de leche y elaboración de quesos, con un censo de 556 cabezas de caprino, así como otras actividades adicionales, como la producción de huevos de gallina, de carne de porcino o de ovino.

Esta medida, que se enmarca en un proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería, supone la autorización definitiva tanto de la actividad como de las correspondientes edificaciones e instalaciones, entre ellas una sala de ordeño de 81,20 m², una lechería, quesería, almacén y un punto de venta de queso, bajo el requisito del cumplimiento de las actuaciones pertinentes en materia sanitaria, ambiental, funcional, estética y de bienestar animal que deberán ejecutarse en un plazo de 18 meses.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, la explotación se encuentra en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA) desde el 10 de octubre de 1992 y la actividad ganadera se encuentra en funcionamiento actualmente, tal y como quedó certificado durante la labor inspectora practicada.

Por otra parte, el estudio comparativo de fotografías realizado acreditó la ejecución de la explotación con anterioridad al 15 de mayo de 1999, fecha de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Territorio en Canarias, por lo que resulta aplicable el procedimiento previsto en la Ley de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Esta normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de ganadería, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio en Canarias.

Esta medida adoptada por el Consejo de Gobierno se enmarca en un plan de regularización impulsado por la Dirección General de Ganadería para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites dirigidos por el mencionado departamento del Ejecutivo canario. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos Cabildos como a los Ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

Bienestar Social destina 30.000 euros a la Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Las Palmas

• La subvención se destinará a la contratación de un agente de desarrollo para la atención al colectivo de personas sordas de la provincia

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno una modificación de crédito con el fin de destinar una subvención nominada a la Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Las Palmas por un importe que asciende a 30.000 euros.

La ayuda se destina a la ejecución del proyecto ‘Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda’ (ADECOSOR), impulsado por la Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Las Palmas (Asor LP) y se enmarca dentro del programa de acciones para la atención a la discapacidad dentro de las competencias de la Dirección General de Discapacidad.

La Asociación de Personas Sordas de la Provincia de Las Palmas es una entidad no gubernamental sin ánimo de lucro, fundada en 1957, cuyo objetivo es fomentar la integración y la mejora de la calidad de vida de las personas sordas de las islas, defendiendo las necesidades y los derechos de las mismos, tanto a nivel individual, como colectivo. La entidad es la única entidad representativa del movimiento asociativo en la isla de Gran Canaria y pertenece a la red estatal de atención a personas con este tipo de discapacidad.

El Gobierno avala la tramitación de la Ley de Autoridad del Profesorado para reforzar la figura del docente

• La norma, con el objetivo de garantizar la convivencia escolar, reconoce al profesorado como autoridad pública y establece medidas de protección jurídica y psicológica, además de acciones para dignificar su labor

El Gobierno de Canarias aprobó este lunes en Consejo de Gobierno su posición favorable para la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado, iniciativa presentada por los grupos parlamentarios Nacionalista Canario, Popular, Agrupación Socialista Gomera, Mixto y por la diputada no adscrita. Con esta decisión, que cuenta con el respaldo de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, el Ejecutivo permite que la propuesta avance su curso legal en el Parlamento.

La futura ley nace con el objetivo de fortalecer la figura docente dentro del sistema educativo canario, ya que reconoce su autoridad pública y garantiza su protección ante posibles situaciones de conflicto, tanto dentro como fuera del centro educativo, surgidas en el ejercicio de su función. Así, la normativa se aplicará en todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del archipiélago y, además, afectará a todo el personal docente que preste servicios en otros espacios educativos como centros hospitalarios, de reforma de menores o penitenciarios.

De esta forma, el Gobierno de Canarias permitirá dar respuesta a una demanda histórica por parte del colectivo docente, que reclama mayores garantías y un marco jurídico específico reconozca su papel esencial en la educación y su figura clave en el sistema. El texto establece que el profesorado, así como los equipos directivos de los centros, serán considerados autoridad pública, lo que implica que los hechos constatados por su parte tendrán presunción de veracidad.

Asimismo, el documento especifica el derecho de los docentes a recibir asistencia jurídica y psicológica en caso de verse afectados por incidentes relacionados con su labor profesional. Del mismo modo, también se regula la obligación del alumnado y de sus familias de respetar la autoridad del profesorado, así como la posibilidad de que asuman responsabilidades por daños causados, tanto materiales como personales.

Esta ley se traduce como un paso firme hacia la dignificación del profesorado como pilar fundamental del sistema educativo, con medidas de apoyo que van desde la creación de una unidad administrativa para la atención y asesoramiento del personal docente hasta la promoción de programas de formación y protocolos para la prevención y resolución pacífica de conflictos escolares.

Además, el texto regula también el uso adecuado de los medios físicos y tecnológicos en los centros, incluidos tablones de anuncios, redes internas o plataformas digitales, con el objetivo de prevenir que se utilicen para difundir mensajes ofensivos o injuriosos hacia el profesorado, el alumnado u otros miembros de la comunidad educativa. Para ello, se reforzarán las normas de convivencia internas de cada centro con medidas preventivas y correctoras.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la mejora del sistema educativo y con el reconocimiento del papel clave que desempeña el profesorado en la formación de la ciudadanía. La ley refleja una voluntad firme de situar al personal docente en el centro de las políticas públicas educativas, dotándolo del respaldo normativo necesario para ejercer su labor con garantías, respeto y dignidad.