El Ejecutivo aduce motivos de gasto para no aplicar bonificación a menores que han perdido la residencia con uno de sus progenitores viviendo en las islas

Valido lamenta el “alto coste social y familiar” que esta decisión provoca en las familias y pide que “prevalezcan el derecho y el interés superior del menor”

Madrid, 26 de mayo de 2025 

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha cuestionado hoy, lunes, los criterios “exclusivamente económicos” esgrimidos por el Gobierno de España para negar la posibilidad de ampliar la aplicación del descuento por residente canario en casos de separaciones familiares. Esta negativa del Estado, comunicada por escrito a la diputada nacionalista canaria, dilata la reclamada inclusión de los hijos menores edad de padres o madres separados legalmente o divorciados con domicilio habitual en la Península, pero con uno de sus progenitores residenciado en Canarias, como beneficiarios de la subvención por residente en las islas.

La extensión de la condición de residente para los menores de edad que no vivan en las islas pero que sí tienen a uno de sus progenitores residente en Canarias es una reclamación sustancial para Coalición Canaria, explica su portavoz en el Congreso. “El espíritu de la bonificación por residente en las islas protege el derecho a la movilidad”, recuerda Cristina Valido, “y existen casos de desarraigo y alejamiento del menor con una parte importante de su familia que vienen provocados por la carestía del transporte no bonificado entre el archipiélago y la Península”. En estos casos, la diputada nacionalista resalta “la imposibilidad de viajar por altos precios de los billetes cuando el menor quiere compartir momentos especiales con unos de sus progenitores, ya sean fechas de Navidad o en vacaciones escolares”. “Cuando es temporada alta turística y los precios están disparados incluso para los residentes”, incide Cristina Valido para subrayar la importancia social de esta medida para afrontar casos de urgencia por motivo de enfermedad o fallecimiento.

Con este objetivo, Cristina Valido presentó una enmienda al proyecto de ley de Movilidad Sostenible que se debate en el Congreso, una iniciativa a la que ahora el Gobierno de España ha respondido de manera negativa. En este sentido, la comunicación gubernamental recoge que la aprobación de esta enmienda presentada por la diputada de Coalición Canaria “supondría una elevación real y efectiva del coste presupuestario del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en 2025, ya que la ley incluye obligación de compensar cualquier nueva obligación que pudiera imponerse, aunque existiera un deber jurídico de soportarla de acuerdo con la futura ley”. 

Por contra, Cristina Valido mantendrá viva su reclamación en el Congreso a la vez que cuestiona los “criterios exclusivamente económicos, sin atender a otro tipo de consideraciones”, que ha esgrimido el Gobierno para rechazar la ampliación a este tipo de casos familiares en la bonificación por residente. “Creemos que es una buena medida, una medida si se quiere excepcional pero dirigida a facilitar la vida familiar y los vínculos sociales y afectivos entre los hijos y sus progenitores”, explica la portavoz de Coalición Canaria sobre su propuesta de hacer extensiva la bonificación por residente. “La realidad. “La realidad actual es que las familias con progenitores separados ven cómo es complicado, y muy costoso, mantener los vínculos con sus hijos cuando uno de ellos reside en Canarias y otro lo hace en la Península”, incide Cristina Valido, “y al final la situación de precariedad la pagan los hijos”.

En este contexto, la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso recuerda que la reclamación de acceso al descuento por residente para los viajes de “un hijo menor de edad con sus padres o madres separados legalmente o divorciados con domicilio habitual en la Península, cuando uno de sus padres esté inscrito en el padrón municipal en cualquiera de los municipios canarios comprendidos en el ámbito de aplicación de esta norma” es una petición que vienen defendiendo los colectivos de ciudadanos de origen canario que residen fuera de las islas. “En este terreno hay casos singulares que merecen una aplicación singular de las normativas que están en vigor para garantizar el derecho a la movilidad”, señaló la diputada nacionalista.