• Cinco de los siete empleados excluidos solicitan su despido
• Cualquier intento de revertir la situación sería ilegal y podría derivar consecuencias penales
• Peña critica el uso político del problema e invita a la oposición a presentar soluciones viables con respaldo jurídico

Telde, a 28 de febrero de 2025. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, manifiesta la solidaridad del gobierno, la plantilla municipal y la institución con los trabajadores y trabajadoras que no han logrado estabilizar sus puestos tras el procedimiento impulsado por la Unión Europea y aplicado en España, incluyendo a los ayuntamientos.

En Telde, el proceso de estabilización, iniciado en el mandato anterior, afectaba a 250 trabajadores que, según la normativa europea, debían someterse a un proceso selectivo mediante oposición. Como resultado, siete empleados municipales no lograron mantener sus puestos en el Ayuntamiento.

Desde la administración local se señala que las causas de esta situación son diversas. En algunos casos, los afectados optaron por no presentarse al proceso, a sabiendas de que ello implicaba su exclusión. En cualquier caso, todos ellos recibirán las indemnizaciones correspondientes. De hecho, la mayoría solicitó al Ayuntamiento su despido voluntario, bien por estar próximos a la jubilación o por razones personales.

El alcalde expresa que, de haberse diseñado el procedimiento con listas de reserva desde un inicio, las personas que desean continuar en la Administración podrían haber tenido una alternativa. Sin embargo, el gobierno anterior, liderado por Carmen Hernández y con Celeste López al frente de Recursos Humanos, no incluyó esta posibilidad en la convocatoria. Peña destaca que "la mayoría de los ayuntamientos sí lo hicieron, como Santa Lucía de Tirajana y Gáldar, que en aquel momento estaban gobernados por su mismo partido".

En la actualidad, la administración debe tomar una decisión unánime y equitativa para los siete trabajadores afectados, evitando cualquier tipo de discriminación. Cinco de ellos han solicitado formalmente su despido y han advertido que, de no cumplirse, emprenderán acciones judiciales, ya que no desean seguir vinculados a la institución.

Este asunto ha sido abordado con los representantes sindicales, quienes comprenden la complejidad del caso y coinciden en que la resolución debe aplicarse de manera conjunta. Tanto el departamento de Intervención Económica como el de Asesoría Jurídica han señalado que, con la resolución del Tribunal del proceso selectivo en vigor, cualquier intento de revertir la situación sería ilegal y podría derivar en consecuencias penales.

El alcalde Juan Antonio Peña ha tratado de manejar este asunto con discreción, consciente de su impacto en los afectados y sus familias. Para ello, ha mantenido reuniones diarias con los departamentos implicados y otras instituciones, explorando posibles soluciones que, lamentablemente, han resultado inviables desde el punto de vista legal.

Ante esta situación, Peña lamenta que ciertas formaciones políticas intenten aprovechar el problema con fines populistas y confundir a quienes lo están viviendo en primera persona. "Si tienen una solución viable, les invito a que la presenten por escrito y con informes jurídicos que la respalden", declaró el alcalde. No obstante, considera que "su único objetivo es obtener titulares y generar falsas esperanzas, a pesar de que saben perfectamente que no existe una salida legal".

Finalmente, Peña concluye que quienes impulsaron y gestionaron este proceso de estabilización en el mandato anterior deberían asumir su responsabilidad, ya que fue una tramitación caótica, plagada de errores y sin previsión de listas de reserva.