• Dichos proyectos forman parte de las 10 instalaciones de emergencia energética que se instalarán en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura en puntos críticos del sistema insular para cubrir el déficit actual y garantizar la respuesta ante posibles apagones en el marco de la situación de emergencia energética
• Este es un paso más en su trámite administrativo, que posteriormente llevará a su autorización definitiva por parte de la DG de Energía e instalación, para operar puntualmente, en casos extremos y como solución transitoria ante la obsolescencia de los equipos actuales
• Las autorizaciones corresponden a las instalaciones del polígono industrial de La Campana (9 MW) y el polígono industrial de Granadilla (14,8 MW) a cargo de las empresas Sampol y Disa, cuyo coste será asumido por el Gobierno central en un acuerdo previo ya anunciado

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado la modificación del planeamiento afectado para avanzar en la tramitación de dos proyectos de generación de emergencia en la isla de Tenerife, en el marco de las medidas extraordinarias para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago, y evitar ceros energéticos en las islas, consecuencia de la declaración de emergencia energética el 2 de octubre de 2023.

Estos proyectos, que avanzan así su trámite administrativo, proseguirán después con las respectivas autorizaciones en las próximas semanas por parte de la dirección general de Energía y culminarán con su instalación, a cargo de las empresas Disa y Sampol. Ambos serán instalados en suelo industrial y diseñados para operar solo en caso de necesidad, ante el peligro de sufrir nuevos apagones.

Dichas plantas de 14,8 y 9 MW respectivamente, ubicadas en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y Granadilla cuentan con un diseño modular y móvil, adaptado a la naturaleza de este tipo de soluciones.

Con esta acción, el Ejecutivo avanza en la implantación de infraestructuras de emergencia destinadas a aportar capacidad de respaldo en momentos críticos del sistema y a evitar apagones en los principales núcleos de población, en caso de producirse.

Estos proyectos forman parte de las 10 instalaciones de emergencia energética que se instalarán en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura en puntos críticos del sistema para cubrir el déficit actual y garantizar la respuesta ante posibles apagones en la situación de emergencia energética actual.

La decisión se suma al conjunto de medidas adoptadas desde el inicio de la emergencia energética, que incluyen proyectos similares en otras islas, la mejora de interconexiones eléctricas, el impulso al almacenamiento y la planificación de nuevas infraestructuras renovables. Todo ello con el objetivo de dotar a Canarias de un sistema eléctrico más seguro, estable y resiliente.

Los proyectos en detalle

La planta de emergencia La Campana, situada en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, estará compuesta por cinco grupos de generación de 1,8 MW cada uno, hasta alcanzar una potencia total de 9 MW. Los equipos se alojan en contenedores de 40 pies con aislamiento acústico e incluyen centros de transformación conectados a una subestación que eleva la tensión hasta los 20 kV.

El proyecto, de carácter provisional y diseñado para un montaje y desmontaje ágil, supone una inversión de 5,5 millones de euros, que será asumida por la empresa Sampol. La evacuación de la electricidad se realizará mediante una línea subterránea de unos 200 metros de longitud hasta la subestación de distribución de Endesa denominada El Chorrillo.

Por su parte, la planta de emergencia de Los Abrigos, situada en el municipio de Granadilla, contempla la instalación de ocho grupos de generación de 1,8 MW cada uno, alcanzando un total de 14,8 MW de potencia eléctrica. Al igual que en el caso anterior, los equipos se alojan en contenedores de 40 pies con aislamiento acústico y disponen de centros de transformación que elevan la tensión hasta los 66 kV.

La inversión prevista asciende a 25,1 millones de euros, a cargo de la empresa DISA. La evacuación de la electricidad se efectuará a través de una línea subterránea de unos 300 metros hasta la subestación de transporte de Red Eléctrica de España denominada Granadilla.

En ambos casos, los grupos de generación cumplen con la estricta normativa de emisiones aplicable a este tipo de instalaciones, incorporando un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR).

Ambas instalaciones, en emplazamientos de suelo industrial, se suman a las actuaciones ya en curso en distintas islas y refuerzan el dispositivo global de emergencia energética diseñado por el Gobierno de Canarias junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Dos medidas para avanzar en la emergencia energética en Canarias

Estos dos proyectos forman parte de las 10 instalaciones de emergencia energética que el Gobierno de Canarias ha anunciado para todo el archipiélago, distribuidos estratégicamente entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura para cubrir puntos críticos del sistema insular y garantizar la respuesta ante eventualidades. Lo que dará una cobertura total del 90% del déficit total que existe, que ha sido notificado por el operador del sistema (Red Ecléctica) por un total de 268 MW de potencia.

Estas plantas de respaldo se complementan con otras actuaciones en marcha, como el refuerzo de interconexiones eléctricas, como la actualmente en proceso entre Tenerife y La Gomera, el impulso de proyectos de almacenamiento energético como los avances en Salto de chira o la planificación de nuevas infraestructuras renovables, en línea con los objetivos de descarbonización y transición energética marcados para Canarias.

El Gobierno de Canarias refuerza el personal del área de Discapacidad para agilizar la resolución de expedientes

• La Consejería de Bienestar Social incrementa la plantilla con seis auxiliares administrativos para reducir las listas de espera y actualizar valoraciones

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha aprobado este viernes en el consejo un refuerzo de personal en la Dirección General de Discapacidad, con el objetivo de agilizar la valoración y la resolución de expedientes para el reconocimiento del grado de discapacidad.

La medida supone la creación seis plazas de auxiliares administrativos, lo que eleva a 50 el número de auxiliares de administración incorporados dentro del acuerdo de excepcionalidad que regula la contratación extraordinaria en este ámbito. En total, el personal contratado para esta área, asciende ahora a 143 efectivos, entre profesionales médicos, psicólogos, trabajadores sociales, administrativos y técnicos de apoyo.

Este refuerzo responde a la dificultad para cubrir plazas médicas y a la constatación de que se requieren más efectivos de apoyo administrativo para acelerar la tramitación de solicitudes. Con ello, el Ejecutivo pretende poner al día las resoluciones pendientes y reducir las listas de espera, que durante años han acumulado retrasos en perjuicio de las personas con discapacidad y sus familias.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, subrayó que “este incremento de personal nos permite avanzar en el compromiso de garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se reconozcan con agilidad, sin que los trámites administrativos se conviertan en un obstáculo”.

Por su parte, la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, destacó que “con más auxiliares administrativos reforzamos el trabajo de gestión diaria, lo que facilitará no solo la resolución de expedientes, sino también la elaboración de informes técnicos que requieren coordinación con cabildos, ayuntamientos y entidades del sector”.

Además de este refuerzo, el Consejo de Gobierno aprobó también una modificación del anexo del Decreto ley 4/2025, para incorporar nuevos códigos de diagnóstico en el sistema de clasificación de enfermedades, corregir denominaciones y mejorar la comprensión de las tablas de valoración, lo que permitirá mayor claridad y precisión en las resoluciones.

Este refuerzo de personal se une a las ventajas que incorpora el nuevo Decreto Ley de Discapacidad, aprobado recientemente por el Gobierno de Canarias. La norma introduce un listado de patologías con reconocimiento automático de determinados grados de discapacidad (33 %, 65 % o 75 %), lo que permitirá resolver de forma más rápida muchos expedientes sin necesidad de pasar por una valoración presencial, reduciendo significativamente los tiempos de espera.

Otra de las mejoras es la priorización en la tramitación de los expedientes de menores de hasta 18 años, frente a la limitación anterior de 0 a 6 años, así como la incorporación de condicionantes sociales graves como criterio preferente. De esta manera, se garantiza que los casos de mayor vulnerabilidad sean atendidos primero, proporcionando a las familias una respuesta ágil que facilita el acceso a becas, servicios especializados y apoyos sociales.

El nuevo decreto también simplifica trámites cotidianos como la emisión automática de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida en el mismo momento de la resolución, evitando duplicidad de procedimientos y desplazamientos innecesarios. Además, refuerza la coordinación con Sanidad, Educación y Servicios Sociales, asegurando un abordaje integral y más eficaz en beneficio de las personas con discapacidad.

El Gobierno declara de excepcional interés público la obra de remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal

• Esta medida persigue acelerar la ejecución de actuaciones destinadas a solventar los problemas de seguridad que afectan actualmente a la infraestructura portuaria ante situaciones de temporal

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, el decreto por el que se declara de excepcional interés público la ejecución de la obra de remodelación y ampliación del puerto de Gran Tarajal, ubicado en el término municipal de Tuineje, en Fuerteventura.

Esta medida persigue acelerar la ejecución de distintas actuaciones que pretenden solventar los problemas de seguridad que afectan actualmente a la infraestructura portuaria, especialmente ante temporales y fenómenos meteorológicos adversos que han causado daños graves en el pasado.

El puerto de Gran Tarajal, que inició su actividad en el siglo XIX, constituye un enclave estratégico para la conectividad marítima y el desarrollo económico del municipio de Tuineje, dando servicio tanto a la actividad comercial como recreativa. Su principal función es la de apoyo a la actividad pesquera en el sector sudeste de la isla de Fuerteventura, así como la mejora de las comunicaciones con otros núcleos costeros de la isla y con Gran Canaria.

En este sentido, la declaración de excepcional interés público se justifica además con la creciente demanda de transporte marítimo en Canarias, que ha registrado un incremento de más de dos millones de pasajeros en los últimos años.

El proyecto

Las actuaciones principales previstas incluyen la prolongación del dique actual en unos 278 metros para crear una dársena exterior y adecuar tres puestos de atraque para buques comerciales, incluyendo ferries y cruceros. Además, se contempla la remodelación de la dársena interior, ampliando a unos 33 metros la construcción de nuevos muelles para optimizar su uso, mejorar el resguardo frente al oleaje exterior y aumentar la capacidad de atraque para embarcaciones recreativas.

Asimismo, se ampliará y ordenará la zona terrestre para incluir superestructuras y servicios para la náutica recreativa (como club náutico, vestuarios y tiendas), además de segregar el tráfico vehicular para mejorar la circulación.

En definitiva, la obra contempla la mejora del abrigo de las dársenas, la creación de nuevos atraques para buques de transbordo y cruceros de porte medio-alto, la adecuación de espacios para embarcaciones recreativas y la concentración de los servicios destinados a la pesca.

Estas actuaciones permitirán no solo incrementar la seguridad de usuarios y embarcaciones, sino también dinamizar la actividad económica y turística del municipio y de la isla.

El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras que dirige Francisco González, ha trabajado en el desarrollo del proyecto mediante un proceso de diálogo y la recogida de inquietudes de administraciones locales, asociaciones y colectivos de la zona. Esta metodología ha permitido alcanzar un proyecto más consensuado, asegurando el respeto al entorno y reforzando el compromiso con la comunidad local.

El Gobierno aprueba definitivamente el proyecto de la obra de la carretera LP-2 entre San Simón y Tajuya

• Esta resolución permitirá reforzar la seguridad vial y modernizar la infraestructura de La Palma

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad que dirige Pablo Rodríguez, ha aprobado este viernes el proyecto modificado nº2 de la obra de acondicionamiento de la carretera LP-2 en el tramo San Simón-Tajuya, una actuación clave para culminar una de las infraestructuras viarias más importantes de La Palma.

En este sentido, este modificado permitirá dar continuidad a las obras y reactivar actuaciones esenciales, como el viaducto de Belmaco o el sostenimiento del talud de El Rodadero.

La aprobación se produce tras resolver la discrepancia planteada entre la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, respecto a la fiscalización previa del borrador de la Orden departamental que aprueba definitivamente este proyecto, garantizando así la correcta tramitación administrativa y la seguridad jurídica de la actuación.

Esta resolución tiene como objetivo garantizar la continuidad de las obras y desbloquear actuaciones de ejecución claves que permanecían suspendidas, como el viaducto de Belmaco o el sostenimiento del talud El Rodadero, asegurando de esta manera la viabilidad técnica de la infraestructura y la seguridad en la circulación.

La carretera LP-2 constituye uno de los principales ejes de comunicación de la isla, articulando la conexión sur y mejorando la movilidad entre distintos municipios. Su acondicionamiento es fundamental para reforzar la seguridad vial, favorecer el desarrollo socioeconómico y facilitar los desplazamientos de personas, mercancías y servicios.

La obra fue adjudicada inicialmente en 2011 a la UTE Tajuya -grupo conformado por Sacyr, Traysesa, Construcciones Los Volcanes y Construcciones Herquipalma-, con un presupuesto de 64.599.534,38 euros y un plazo de 48 meses. Sin embargo, tras las modificaciones requeridas para adaptar la infraestructura, el presupuesto asciende a 72.114.688,42 euros.

El proyecto

La modificación nº2 incorpora el rediseño del viaducto de Belmaco, que se ejecutará mediante tipología de avance en voladizo y con un único apoyo en el cauce. Por su parte, en el paraje de El Rodadero se plantea una nueva solución de sostenimiento, tras detectarse inestabilidades y la baja capacidad portante del terreno, con una inversión de 960.000 euros.

El proyecto también prevé el refuerzo de la calzada entre los puntos kilométricos 25+600 y 25+640, mediante un cambio de tipología del muro original. A estas intervenciones se suman trabajos adicionales de estabilización de taludes en distintos subtramos, con el fin de incrementar la seguridad y adaptar las barreras y sistemas de contención de vehículos a la normativa vigente.

La aprobación definitiva permitirá retomar las obras con un plazo de ejecución estimado de 15 meses desde su autorización. Estas actuaciones supondrán un avance decisivo en la modernización de la red viaria de La Palma y contribuirán al impulso económico de la isla.

El Gobierno pone en marcha la oficina de consulta jurídica para cabildos y ayuntamientos en materia de planeamiento

• El servicio consiste en un programa de apoyo temporal, mientras se culmina la tramitación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana la puesta en marcha de una oficina consulta jurídica para apoyo a los cabildos y ayuntamientos del Archipiélago en el ámbito del planeamiento y la ordenación del territorio. Este programa, elaborado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. cuenta con un presupuesto total de 414.721,98 euros hasta 2027 y permitirá dar respuesta a una demanda reiterada de las administraciones locales, que requieren seguridad y agilidad en un ámbito tan sensible como la ordenación del suelo.

La oficina, implementada por la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, contará con tres profesionales -dos técnicos y un administrativo- que trabajarán de manera exclusiva en la atención de las consultas jurídicas. Con este nuevo servicio se busca unificar criterios jurídicos en la interpretación de la Ley del Suelo; agilizar la tramitación de las consultas remitidas por las instituciones locales; y garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de la normativa territorial y urbanística, así como la homogenización de criterios jurídicos.

Hasta ahora las consultas de carácter técnico-jurídico eran asumidas por el personal de la Dirección General lo que dispersaba esfuerzos, aumentaba la carga de trabajo y ralentizaba la gestión. Con esta medida, la información quedará canalizada de manera exclusiva a través de un personal específico con el fin de dar mayor eficacia a esta labor demanda por las administraciones locales. Al mismo tiempo, Política Territorial continúa tramitando la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permitirá continuar desarrollando este servicio en el futuro, asumido por el propio personal de la Dirección General.

El responsable de la citada Consejería, Manuel Miranda, ha explicado que esta iniciativa “es una medida más en la línea de apoyar a las administraciones locales, cabildos y ayuntamientos, en el impulso a la actualización del planeamiento en Canarias”. “La ordenación del territorio”, ha añadido Miranda, “es clave para mantener un desarrollo ordenado y cohesionado de las islas y por esta razón este Gobierno tiene en marcha numerosas líneas de trabajo, entre otras, la actualización de la Ley del Suelo, la recuperación de las subvenciones para el planeamiento, la oficina técnica de apoyo a ayuntamientos o la oficina virtual a municipios reto demográfico”.

El Gobierno aprueba destinar un millón de euros para mitigar inundaciones en Arrecife y Costa Teguise

• Política Territorial otorga una subvención al Consejo Insular de Lanzarote que permitirá acometer obras en el barrio de Argana Alta y la redacción de un proyecto en el barranco de El Hurón, en Costa Teguise

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una ampliación presupuestaria de un millón de euros para dar cobertura a la mejora en la red de recogida de agua de lluvias en Argana Alta, Arrecife, y la redacción de un proyecto para aumentar la capacidad en la cabecera del barranco de El Hurón y evitar inundaciones en el núcleo urbano de Costa Teguise, ambos en la isla de Lanzarote. El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que se trata de intervenciones que ejecutará el Consejo Insular de Aguas y que tienen como objetivo mitigar las consecuencias cuando hay lluvias intensas en ambas zonas.

Esta modificación presupuestaria dará cobertura a una subvención al Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, que será en encargado de tramitar y ejecutar ambos proyectos. Responde al objetivo de evitar daños que habitualmente se producen en ambas zonas cuando hay lluvias intensas, como las ocurridas el pasado 12 de abril que generaron más de 200 incidencias.

El proyecto que se ejecutará en el barrio de Argana Alta, en Arrecife, incluye la intervención en once puntos afectados habitualmente por dichas inundaciones. Se colocarán imbornales conectados a la red en la calle Tanganillo, y en los cruces con las calles de Jorge Luis Borges y de Alejo Carpentier. En la calle Trillo se colocarán estos mismos elementos en varios de sus puntos (calle Buero Vallejo, Las Vírgenes y camino de Los Invernaderos), y se retirarán otros que bloquean en la actualidad la salida de aguas de lluvia.

También se intervendrá en la avenida de Los Geráneos, en las calles Iguazú, Tenderete, Hermanos Álvarez Quintero, Ranchos de Pascua, Saltona y Taro. En esta última se mejorará además la capacidad del paso inferior peatonal de la LZ-3. Todos los trabajos deberán estar terminados en ocho meses, desde el momento en el que se inicien las obras.

La segunda de las medidas que ha acordado el Gobierno de Canarias con el Cabildo Insular es la redacción de un proyecto para implantar un sistema de laminación de aguas en la cabecera del Barranco del Hurón. Este sistema aumentará la defensa frente a inundaciones de Costa Teguise, reduciendo el caudal de agua de lluvia que acaba en el barranco y generando espacios para el almacenamiento de aguas pluviales para su aprovechamiento, por ejemplo, en el riego agrícola o de jardines públicos.

Ambas zonas han sido calificadas en el vigente Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de Lanzarote como áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI).

El Gobierno modifica el catálogo de puestos de trabajo de la policía canaria para reconocer la disponibilidad de la Brigada Móvil

• La ampliación se adecúa las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha aprobado la modificación del catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria, contemplado en el anexo del Decreto 187/2024 de 4 de noviembre, para adecuarlo a la disponibilidad y dedicación de los funcionarios que ocupan plazas en la Brigada Móvil (BRIMO). La ampliación del catálogo se adecúa las previsiones de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2025.

En este sentido, la disposición adicional décima de la citada Ley determina que el complemento singular fijo que el catálogo del cuerpo asigne a cada uno de los empleos adscritos a la Brigada Móvil (BRIMO) deberá ser superior, en dieciocho puntos, al que se asigne a los empleos equivalentes adscritos a la Unidad de Recursos Operativos (URO), y que para ello el Gobierno de Canarias debe adaptar el catálogo.

Además, se indica también que el Gobierno de Canarias procederá a ampliar el Catálogo de Puestos del CGPC actual para asignar a los empleos adscritos a la Brigada Móvil (BRIMO) los niveles de complemento de destino, estableciendo que surtirá efectos económicos el 1 de enero de 2025.

El Gobierno de Canarias aprueba la legalización territorial de siete explotaciones ganaderas

• El acuerdo del Consejo de Gobierno otorga autorización a la actividad de siete instalaciones en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife, dentro del plan de regularizaciones

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy viernes, cinco de septiembre, la legalización territorial de siete explotaciones ganaderas en los municipios de Teguise y Haría (Lanzarote); Telde y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria); y Granadilla de Abona, Fasnia y Arafo (Tenerife), de acuerdo al procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, por la que se concede autorización con carácter definitivo tanto a la actividad como a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

Según consta en el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las siete explotaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La citada normativa establece que el Gobierno, a propuesta de la consejería competente en materia de ganadería, de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medio ambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Estas autorizaciones aprobadas por el Consejo de Gobierno se enmarca en un plan de regularización impulsado por la Dirección General de Ganadería para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites dirigidos por el mencionado departamento del Ejecutivo canario. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

El Gobierno autoriza una ampliación de crédito de 1,1 millones de euros para Tejeda, en Gran Canaria

• La subvención de la Consejería de Turismo y Empleo al ayuntamiento de esta localidad se destinará a la peatonalización y dotación de servicios en la calle Tomás Arroyo Cardoso

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este viernes una ampliación de crédito por importe de 1.166.312,73 euros que la Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, destinará al Ayuntamiento de Tejeda, en Gran Canaria, para impulsar la peatonalización y dotación de servicios en la calle Tomás Arroyo Cardoso.

El presupuesto abarca la ejecución de la obra, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la peatonalización y adaptación de servicios en la zona comercial abierta de la calle Tomás Arroyo Cardoso, Cruz Blanca, así como el acceso al albergue, obras que se estiman prioritarias para la mejora de la infraestructura turística del municipio, declarado uno de los Pueblos más Bonitos de España. Estos proyectos cuentan con la documentación técnica y autorizaciones administrativas necesarias para su ejecución.

La actuación se enmarca en las líneas, ejes y objetivos de la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares y en el convenio marco que le da soporte, suscrito entre la Consejería de Turismo y Empleo con los Cabildos Insulares, cumpliéndose, asimismo, con los objetivos del programa presupuestario denominado ‘Infraestructuras Turísticas y Gestión Integral de Núcleos Turísticos’.

El Gobierno aprueba el nombramiento de Oscar Díez como director gerente del Hospital La Candelaria

• Díez Gil, licenciado Medicina y Cirugía y especialista en Microbiología y Parasitología, era hasta este momento director médico de este centro hospitalario

El Consejo de Gobierno de Canarias, en su sesión celebrada este viernes, día 5 de septiembre, aprobó el nombramiento de Oscar Díez Gil como nuevo director gerente del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, ante el cese a petición propia del hasta ahora gerente del centro hospitalario, Roberto Gómez Pescoso, a quien el Gobierno agradece los servicios prestados.

Díez Gil, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, es especialista en Microbiología y Parasitología y cuenta, además, con un máster en Dirección Médica y Gestión Clínica y con los títulos de Experto Universitario en Programa de Optimización de Antibióticos (PROA) y en Alta Dirección Pública.

Asimismo, ha tenido estancias formativas en centros hospitalarios como el Mount Sinai Hospital de Toronto, el Hospital Carlos III de Madrid y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Hasta ahora, Díez ocupaba el puesto de director médico del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centro en el que también fue subdirector médico, jefe de servicio de Microbiología y Laboratorio Clínico y jefe de sección de Microbiología.

Además, Oscar Díez cuenta con experiencia docente, dado que es profesor de la especialidad Enfermería Comunitaria y Salud Pública II en la Universidad de La Laguna y el curso superior de Dirección y Gestión Sanitaria en la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN).

También forma parte de grupos de investigación, innovación y desarrollo como el equipo de investigación del Proyecto ECDC/HERA, del grupo de Estudio del control de la calidad de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), y del Spanish Working Group on MDRTB de la Universidad de Zaragoza, además de contar con diversas publicaciones y documentos científicos y técnicos.