El Gobierno aprueba el reglamento del nuevo FDCAN que impulsa infraestructuras estratégicas, servicios sociosanitarios e I+D+i
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El decreto actualiza el funcionamiento del Fondo de Desarrollo, simplifica los procedimientos administrativos, y refuerza la flexibilidad de la planificación, el seguimiento y el control de los recursos públicos
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El Fondo contará con un escenario financiero de 1.626 millones de euros para diez años, con una dotación anual máxima de 162,6 millones por parte del Gobierno a la que se sumarán los fondos que aporten los cabildos
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto que regula el Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) como un instrumento de financiación pública destinado a impulsar el desarrollo económico, social y territorial del archipiélago. Se garantiza así su continuidad y mejora tras los resultados alcanzados en su primer periodo de aplicación (2016-2026) cuando se ha logrado un impacto total de 1,72 euros por cada euro público invertido.
El decreto configura el Fondo como un instrumento de financiación interadministrativa mediante aportaciones dinerarias de carácter finalista. Se dota de una financiación máxima de 1.626 millones de euros para un plazo de diez años, repartida en una asignación tope de 162,6 millones de euros anuales que estará consignada en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. A esta cantidad, se sumarán los fondos que aporten los cabildos insulares, como ocurrió en el anterior período, hasta alcanzar una inversión global de 2.600 millones en 10 años.
Además, el texto aprobado este lunes por el Gobierno establece tres ejes estratégicos de inversión del FDCAN, con una distribución financiera adaptada a los principales rectos actuales del archipiélago: infraestructuras sociosanitarias, obras públicas con especial incidencia en la construcción de vivienda y equipamientos de interés estratégico e I+D+i.
El 50% de los 1.626 millones de euros de Fondo se destinará a mejorar las infraestructuras y los equipamientos públicos, incluida la vivienda sujeta a un régimen de protección pública, mientras que el 35% irá a construir, ampliar, adecuar y poner en funcionamiento plazas sociosanitarias y equipamientos destinados a la dependencia y el envejecimiento activo. El 15% restante del FDCAN se destinará a impulsar la innovación, la digitalización, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas.
El empleo, la formación y el emprendimiento se integrarán transversalmente en los tres ejes, mediante actuaciones orientadas a mejorar la cualificación profesional, la empleabilidad y las oportunidades laborales vinculadas a las inversiones.
Islas iguales y cohesión territorial
El nuevo reglamento actualiza el marco normativo del FDCAN a partir de la experiencia acumulada durante la ejecución de los programas y proyectos desarrollados desde su creación hace diez años. Entre sus principales objetivos se encuentran ampliar y actualizar las líneas estratégicas financiables, simplificar la gestión administrativa, reforzar la autonomía de las entidades destinatarias y mejorar los mecanismos de planificación, evaluación y control financiero.
El FDCAN busca favorecer la cohesión económica, social y territorial de Canarias, corregir los desequilibrios derivados de la insularidad y promover inversiones estratégicas que contribuyan a la diversificación y modernización de la economía, la generación de empleo y la mejora de los servicios públicos.
En este sentido, se mantiene la asimetría en el sistema de cofinanciación para compensar la doble insularidad y fomentar la cohesión territorial. Así, el porcentaje de financiación por el FDCAN será de un 50% para los Cabildos de Gran Canaria y de Tenerife, de un 80% para Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, y de un 90% para La Gomera y El Hierro.
Su continuidad estará condicionada al mantenimiento de la suspensión de la compensación al Estado por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), o a su supresión definitiva, así como a la suficiencia financiera de la Comunidad Autónoma para garantizar la prestación de los servicios públicos.
Menos trámites administrativos
Los cabildos insulares, ayuntamientos y universidades públicas canarias elaborarán un Plan de Actuaciones Canarias (PACAN), con programación trianual que recogerá la planificación estratégica, financiera y temporal de las líneas de actuación a desarrollar durante dicho período. Los presupuestos podrán concretar proyectos y actuaciones que desarrollen la planificación trianual.
El PACAN tendrá carácter flexible y podrá actualizarse anualmente mediante la incorporación, supresión, modificación o reprogramación de actuaciones, dentro de la dotación máxima anual y total asignada a la entidad destinataria.
El reglamento flexibiliza las modificaciones de las actuaciones y permite realizar determinados ajustes sin autorización adicional cuando no superen los límites establecidos y no alteren los objetivos esenciales ni incrementen la financiación asignada. Los cambios de mayor alcance deberán ser autorizados por la Comisión de Actualización y Seguimiento o por el Gobierno de Canarias, según su naturaleza.
Para reducir las cargas administrativas y agilizar la ejecución de los recursos públicos, manteniendo las garantías de control, se generaliza el uso de la plataforma corporativa UNIFICA para tramitar los planes, gestionar las actuaciones, comunicar modificaciones y reprogramaciones, presentar justificaciones y realizar el seguimiento financiero.
Más coordinación, evaluación y control financiero
El nuevo modelo refuerza la coordinación entre las administraciones públicas canarias y establece tres órganos especializados: la Comisión de Actualización y Seguimiento, el Comité de Admisión y Selección de Programas y Proyectos y la Comisión de Evaluación del FDCAN.
Esta última elaborará un informe anual sobre el grado de ejecución, el cumplimiento de los objetivos y los resultados. Además, la información sobre los programas y proyectos se actualizará trimestralmente y se comunicará a la Federación Canaria de Islas (FECAI) y a la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Asimismo, las entidades deberán informar sobre la ejecución material y financiera de las actuaciones al inicio del segundo semestre de cada anualidad.
Las entidades destinatarias deberán justificar la aplicación de los fondos, mantener actualizada la información en UNIFICA y facilitar las actuaciones de fiscalización y control. El decreto regula también el reintegro total o parcial de las cantidades indebidamente aplicadas o no justificadas, con criterios de proporcionalidad.
El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Sanidad destinará 37,2 millones al despliegue de la Historia Clínica Electrónica única en la red asistencial del SCS
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El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería la realización del gasto para la contratación del servicio por un período de sesenta meses
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El proyecto MAGEC HCE se desarrollará por fases y permitirá disponer de un único sistema operativo informático para la gestión de las historias clínicas de los pacientes en todos los centros del SCS
El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 37.230.953 euros destinado a la contratación del servicio de desarrollo, instalación, configuración, despliegue y soporte de la Historia Clínica Electrónica unificada (MAGEC HCE), en toda la red asistencial del Servicio Canario de la Salud.
La contratación se realizará por procedimiento abierto de adjudicación, tramitación ordinaria y anticipada, por un período de sesenta meses, para continuar con el proceso de transformación digital en curso por el organismo autónomo, orientado a consolidar un modelo de atención centrado en la persona, basado en la continuidad asistencial, la interoperabilidad, la calidad del dato y el uso responsable de la tecnología.
En este contexto, MAGEC HCE se concibe como un sistema corporativo de gestión de la información clínica de los pacientes, cuya implantación permitirá homogeneizar procesos, reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y mejorar la disponibilidad y calidad de los datos clínicos en toda la red asistencial.
El proyecto responde a la necesidad de evolucionar hacia un modelo cohesionado, interoperable y orientado al dato, capaz de integrar los sistemas de información existentes y adaptarse a las futuras necesidades organizativas, asistenciales, de interoperabilidad y normativas.
Está previsto que incorpore mecanismos de extracción y normalización de datos que permitan su explotación en el marco de la analítica avanzada, así como una arquitectura preparada para la integración de capacidades de inteligencia artificial, concebidas como palancas para la mejora continua de la práctica clínica, la gestión sanitaria y la planificación estratégica del SCS.
Desarrollo por fases
El proyecto se alinea con la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud, con el Pacto Verde Europeo, la Estrategia Digital Europea, con las políticas de contratación pública sostenible y con el programa Salud Zer0 Emisiones Netas 2030 del Gobierno de Canarias.
MAGEC HCE se desarrollará por fases con el objetivo de finalizar su implantación en 2031, lo que atenderá una demanda histórica de los profesionales del Servicio Canario de la Salud, ya que actualmente cada centro cuenta con un sistema operativo diferente para la gestión de los datos sanitarios.
Se trata de un segundo paso tras la puesta en marcha del Visor de Historia Clínica Unificada, un importante primer hito tecnológico, que permite acceder y ver las historias clínicas completas de los pacientes, independientemente del centro en el que hayan sido atendidos, de forma fácil y ágil.
El Gobierno incrementa en 1,6 millones de euros las partidas del REA destinadas a alimentación animal
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El Consejo de Gobierno autorizó hoy la modificación aprobada por la Mesa del Régimen Específico de Abastecimiento que permitirá ampliar en 19,1 millones de kilos las cantidades de paja, alfalfa, raigrás y otros productos forrajeros
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy lunes, 19 de octubre, la modificación acordada por la Mesa del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para incrementar en 1.605.400 euros las partidas presupuestarias destinadas a alimentación animal. El REA constituye un instrumento comunitario para la compensación de los sobrecostes que afronta el sector agrario en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.
La medida se traduce también en un aumento en 19,1 millones de kilos de materias primas empleadas para la alimentación del ganado, de los que 16 millones corresponden a alfalfa, raigrás y productos forrajeros similares, y 3,1 millones se destinan a ampliar el suministro de paja.
Esta modificación responde a una necesidad del sector ganadero, puesto que a estas alturas del año se ha consumido gran parte de los fondos disponibles: entre el 95% en el caso de la paja y el 85% en el del forraje. Con este ajuste se garantiza el abastecimiento del archipiélago hasta el cierre de campaña, al tiempo que se da respuesta a una demanda creciente y sostenida en las partidas de alimentación animal.
Con este propósito se reajustan al alza o a la baja los balances de distintos productos en función del consumo registrado hasta la fecha, de modo que ninguna partida llegue a agotarse antes de fin de año ni quede con excedente sin justificar. Este esfuerzo, en el que participan todos los sectores, permite además mejorar la eficiencia en la ejecución de la ficha financiera del REA, ya que eleva los porcentajes de ejecución global del programa sin alterar el presupuesto total, que se mantiene en 62,09 millones de euros.
Por otra parte, los datos acumulados de las últimas campañas evidencian un crecimiento estructural en las necesidades de alimentación del sector ganadero canario. Entre 2023 y el balance propuesto para 2026, la alfalfa y los productos forrajeros similares han crecido un 39% y el cereal y piensos compuestos un 11%. Para dar respuesta a esta demanda, la propuesta incrementa el balance de paja en un 11% respecto al cierre de 2025 y el de alfalfa y forrajeros en cerca de un 9%.
Este cambio se implementará gracias a la colaboración con la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, con ajustes que afectan al resto de sectores contemplados en el REA, que han mostrado su respaldo a la actividad ganadera por medio de la optimización de otras partidas, destinadas principalmente al sector de transformación y de consumo directo.
Incremento del 20% desde 2023
Desde 2023, la mesa del REA ha promovido diversas modificaciones, entre ellas la consolidación del incremento del 20% en las partidas de alimentación para el ganado aplicada desde enero del pasado año, en respuesta a las demandas de actualización de las cantidades expresadas por dicho sector para compensar el alza del precio de los insumos.
Con ello, se cumple con el compromiso de dar respuesta a la demanda de los sectores de actualizar las cantidades de ayuda en las primeras semanas del año, de acuerdo con los incrementos de los sobrecostes que se generan en este periodo, y disponer de las mismas desde el principio del ejercicio, garantizando de este modo una optimización de la ficha financiera y elevando los niveles de ejecución hasta el 100% del presupuesto disponible.
Canarias avanza en la tramitación del decreto que regulará los centros y servicios de la dependencia
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La nueva norma adaptará la regulación canaria a los criterios comunes de acreditación y calidad, y simplificará los procedimientos administrativos para facilitar la incorporación de nuevos recursos
El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de acuerdo por el que se toma en consideración y se solicita el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de Decreto que aprueba el reglamento por el que se regulan los requisitos de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias.
“El nuevo decreto tiene como objetivo no solo adaptar la normativa canaria a los nuevos criterios mínimos comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el 28 de junio de 2022, sino simplificar y agilizar la intervención administrativa, permitiendo acelerar la incorporación de nuevos servicios y recursos de la red de atención a las personas en situación de dependencia”, explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
Aseguró que este proceso garantizará “un marco de referencia de calidad de centros y servicios, que incluye un sistema de evaluación de la misma y mecanismos de mejora constante de los distintos recursos”. “Además, con este nuevo reglamento apostamos por una normativa basada en la dignidad y el respeto, centrada en la persona, que vele por su autonomía y capacidad de elección y que garantice su bienestar personal y la proximidad a su comunidad”, recalcó la consejera del área social del Ejecutivo canario.
Bajo estos criterios, el nuevo Decreto regulará los requisitos de funcionamiento, acreditación y calidad de los centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en Canarias, sustituyendo al actual Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios en materia de atención a personas en situación de dependencia en Canarias.
Mejoras en la acreditación y calidad de los recursos
Entre las novedades se destaca la diferenciación entre el régimen de funcionamiento y el régimen de acreditación, de tal forma que, mientras el funcionamiento de centros y servicios se articula mediante declaración responsable, en materia de acreditación, se establece un régimen diferenciado para centros y servicios atendiendo a la naturaleza de los requisitos de comprobación y a la necesidad de simplificar y agilizar el proceso administrativo.
En relación con los servicios, se establece un régimen de declaración responsable de acreditación, lo que permite agilizar la incorporación de recursos al sistema público, reduciendo cargas administrativas y tiempos de tramitación.
Por su parte, en referencia a los requisitos materiales, funcionales, organizativos, de personal y de calidad previstos, se adecúan a los criterios mínimos comunes aprobados por el Consejo Territorial, con el fin de establecer un marco que garantice la calidad de la atención y los derechos de las personas usuarias y, al mismo tiempo, evite que la regulación autonómica genere obstáculos innecesarios para la incorporación y permanencia de centros y servicios en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
El Gobierno eleva al Consejo Consultivo el proyecto de Ley de Infancia y Adolescencia
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La nueva normativa tiene con fin adaptarse a la realidad normativa y social relativa a los derechos y protección de las personas menores y adolescentes
El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de acuerdo por el que se toma en consideración el Proyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia y se solicita el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el mismo.
Según explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, la nueva ley Canaria de Infancia y Adolescencia busca dar respuesta a la necesidad de adecuar al actual marco normativo autonómico a las nuevas necesidades y riesgos que afectan a la infancia y la adolescencia, “estableciendo un marco legal adaptado a la realidad social actual con el fin de garantizar la protección integral de la infancia y la adolescencia en un mundo marcado por las profundas y continuas transformaciones sociales que caracterizan el devenir constante de este siglo”.
Entre los objetivos perseguidos por el proyecto de Ley Canaria de Infancia y Adolescencia, se encuentran incluir por primera vez, un título regulador de los derechos de las personas menores de edad, en algunos casos adaptando los ya existentes, así como se redefinen como principios rectores de la protección de las personas menores de edad a través de la promoción del ejercicio de sus derechos, la prevención y detección en situaciones de riesgo y, en los casos de declaración de desamparo, la asunción de la tutela, ya que estos principios son esenciales para garantizar un enfoque integral y efectivo en la atención a la infancia, abarcando desde la prevención hasta la intervención en situaciones de desamparo.
De esta manera, se busca garantizar la protección del interés superior de la persona menor de edad, así como facilitar a las personas menores de edad el efectivo ejercicio de sus derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a ser oídas y escuchadas, para que su opinión sea tenida en cuenta en todos los asuntos que les afecten.
La nueva normativa establece el buen trato como aspiración al máximo desarrollo integral de la población infanto-juvenil y la promoción de entornos seguros, contemplando para ello medidas frente a cualquier tipo de violencia hacia las personas menores de edad y regular el derecho a la inclusión social, abarcando a las personas menores de edad con diversidad funcional, personas menores de edad migrantes y personas menores de edad procedentes de minorías culturales.
Además, establece la promoción por parte de las administraciones de una participación inclusiva y efectiva de las personas menores en todos los ámbitos y reconoce su capacidad para contribuir a su propio desarrollo y al entorno social, mediante la constitución de órganos de participación integrados por niños, niñas y adolescentes.
Igualmente, la nueva normativa llama a tomar conciencia sobre la realidad de las personas extuteladas, garantizando la atención en sus procesos de tránsito a la vida adulta y acompañamiento en la emancipación, que permitan la incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Además, se implementa un conjunto de medidas para proteger al colectivo menor en el entorno digital actual, tales como la educación sobre el uso seguro y responsable de las tecnologías.
Una ley estructurada en 192 artículos, un título preliminar y diez títulos
El proyecto de ley se estructura en ciento noventa y dos artículos, distribuidos en un título preliminar y diez títulos. Y tiene por objeto la atención y protección integral de la infancia y la adolescencia, en garantía del ejercicio de sus derechos y sus responsabilidades, esto es, garantizar los derechos de las personas menores de edad que residan o se encuentren en el territorio de Canarias.
Para ello, establece la distribución de funciones y competencias entre las diferentes administraciones públicas canarias en la atención integral de las personas menores de edad, así como regula las medidas y actuaciones administrativas de promoción, prevención, situación de riesgo, de amparo e integración familiar y social de las mismas, además de establecer un régimen de coordinación, colaboración y participación interadministrativa, con las familias, las entidades del tercer sector de acción social y las empresas, en aras de garantizar su desarrollo integral.
La nueva norma, además, identifica los órganos de atención y garantía de los derechos de las personas menores de edad y regula el régimen de infracciones y sanciones en materia de infancia y adolescencia.
El Gobierno de Canarias da luz verde a los sondeos para investigar el potencial geotérmico de La Palma
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La decisión permitirá avanzar en el aprovechamiento de un recurso renovable autóctono que contribuirá a reducir la dependencia energética del archipiélago de combustibles fósiles
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, 19 de octubre, la exclusión del proyecto ‘Sondeo Isla de La Palma’ del procedimiento de evaluación de impacto medioambiental simplificada, con el objetivo de avanzar en los sondeos de investigación de recursos geotérmicos en la isla, al amparo del Reglamento europeo 2022/2577.
La decisión supone un paso adelante en la búsqueda de alternativas energéticas renovables propias y en el aprovechamiento del potencial geotérmico de Canarias. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia Canarias Sostenible y está alineada con los objetivos de la Ley del Cambio Climático y del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
El Reglamento europeo 2022/2577 establece medidas temporales para acelerar de las energías renovables. En concreto, contempla el interés público superior de estos proyectos en su artículo 3 y medidas para agilizar los procedimientos en su artículo 6.
Ninguno de los sondeos previstos se encuentra dentro de los espacios naturales incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias o en la Red Natura 2000. Además, el proyecto ha sido evaluado y validado por personal técnico especializado del Gobierno de Canarias y del Cabildo Insular de La Palma.
El Ejecutivo autonómico aplicará los protocolos de seguimiento ambiental correspondientes durante la ejecución de los trabajos para garantizar su compatibilidad con el entorno. Según la justificación del proyecto, la tramitación de una evaluación ambiental simplificada podría derivar en un procedimiento ordinario y provocar demoras en la investigación de este recurso energético.
Fuente renovable que aporta estabilidad al sistema eléctrico
Canarias mantiene una elevada dependencia energética del exterior, con un suministro basado, mayoritariamente, en combustibles fósiles. Avanzar hacia un modelo energético más limpio, sostenible y resiliente exige aprovechar los recursos renovables disponibles en el archipiélago y diversificar las fuentes de generación.
En la actualidad, la energía eólica y solar constituyen las principales tecnologías renovables implantadas en las islas. Sin embargo, su producción depende de las condiciones meteorológicas, por lo que resulta necesario explorar otras fuentes capaces de complementar su aportación.
Le geotermia aprovecha el calor almacenado bajo la superficie terrestre. En función de las características del recurso puede utilizarse para producir calor directamente –geotermia de baja entalpía– o para generar electricidad mediante recursos de media y alta entalpía.
Una de sus principales ventajas es que no depende del viento, ni de la radiación solar y puede ofrecer producción continua durante las 24 horas del día, lo que la convierte en una alternativa de interés para avanzar hacia un sistema eléctrico más estable y con mayor presencia de energías renovables gestionables.
Un paso necesario para conocer los recursos
La geotermia de alta entalpía para generación eléctrica se encuentra todavía en fase de desarrollo en Canarias. Por ello, los sondeos de investigación son necesarios para determinar si existen recursos explotables y comprobar si reúnen las condiciones adecuadas para su posterior aprovechamiento eléctrico.
El avance de estos trabajos permitirá profundizar en el conocimiento de los recursos energéticos principales de Canarias y evaluar nuevas posibilidades para diversificar la generación eléctrica, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.
El Gobierno de Canarias asume las competencias en materia de evaluación ambiental del municipio de Moya
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El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, informa de que son ya 28 los municipios que han optado por esta delegación, prevista en la Ley del Suelo
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana el proyecto de decreto por el que el Ejecutivo autonómico asume las competencias en evaluación ambiental del municipio de Moya, en Gran Canaria. Esta delegación, solicitada por el propio Ayuntamiento, se suma a las de otros 27 municipios que ya han adoptado esta medida, prevista en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias.
El expediente ha sido impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas. Su titular, Manuel Miranda, ha destacado que esta iniciativa es una “muestra más del apoyo que el Gobierno está prestando a los municipios de Canarias para actualizar su ordenación territorial”.
“La motivación del expediente responde a la falta de recursos de muchos municipios de Canarias, especialmente de aquellos considerados de reto demográfico, como el que nos ocupa, para los que resulta imposible constituir un órgano de tramitación ambiental debido a la escasez de recursos humanos. Estos informes son indispensables para buena parte de la tramitación del planeamiento y para impulsar proyectos relacionados con el desarrollo socioeconómico de los ayuntamientos, como la construcción de viviendas, la creación de empleo o la dotación de servicios”, ha añadido el consejero.
Una vez entre en vigor el decreto aprobado esta mañana, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental asume, en el caso de Moya, tanto la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipal, así como de la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Ayuntamiento.
Miranda ha recordado que el Gobierno colabora con los ayuntamientos a través de diversas líneas de trabajo, con un objetivo similar, el de potenciar tanto la actualización del planeamiento como el impulso a proyectos. La propia Consejería tramita varios planes generales (La Orotava, Mazo, Arico, Arrecife, Firgas y Yaiza), al tiempo que a través de la empresa pública Gesplan se mantiene el servicio de asistencia técnica en esta materia para los municipios que así lo requieran.
Además, se han recuperado durante este mandato las subvenciones para impulsar los planes generales, así como sus modificaciones y adaptaciones, que suman ya más de ocho millones de euros, y se ha puesto en marcha una oficina de consultas jurídicas.